El fenómeno de la urbanización en zonas rurales, históricamente destinadas a la agricultura, se ha intensificado en los últimos 15 años. La figura del cambio de uso de suelo agrícola a urbano, regulada por la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y por el Plan Regulador Intercomunal de Elqui (PRIE), ha permitido que grandes extensiones de terreno costero —especialmente en La Serena, Peñuelas y Altovalsol— sean incorporadas al radio urbano o transformadas en áreas de extensión residencial.
Desde la perspectiva jurídica, esta modificación genera una alteración irreversible en el destino del territorio: los suelos pierden su vocación agrícola y, con ello, su protección frente a proyectos inmobiliarios. Muchos agricultores —enfrentados a una crisis hídrica prolongada y altos costos de producción— optan por vender o subdividir sus parcelas, desplazando cultivos tradicionales como el papayo.
La crisis hídrica regional ha sido otro detonante. La disminución de caudales y la creciente competencia por los derechos de aprovechamiento de aguas encarecen la producción agrícola. Los pequeños productores de papaya, en su mayoría usuarios de pozos o derechos no consuntivos en tramos inferiores del río Elqui, enfrentan un escenario jurídico complejo: altos costos de inscripción, nuevas exigencias del Catastro Público de Aguas (CPA) y restricciones asociadas a la escasez.
Desde Valnor, advertimos que la pérdida de productividad agrícola no solo implica una afectación económica individual, sino una transformación estructural del territorio, donde el agua deja de ser un bien productivo rural para convertirse en un recurso urbano, destinado principalmente al consumo sanitario y habitacional.
Chile carece aún de una política efectiva que armonice la planificación urbana con la seguridad alimentaria y la protección del suelo agrícola. A nivel local, las municipalidades y el Ministerio de Vivienda definen extensiones urbanas con criterios de expansión habitacional, mientras que el Ministerio de Agricultura busca preservar la actividad agroproductiva. Este desajuste normativo produce lo que denominamos una fragmentación regulatoria del territorio: distintas autoridades con competencias sobre un mismo espacio, pero con objetivos contrapuestos.
El resultado es visible: cada hectárea convertida en loteo o condominio implica la pérdida de un espacio productivo, de empleo rural y de identidad patrimonial.
La papaya serenense es mucho más que un cultivo: representa el vínculo entre la tierra, el clima costero y una cultura agrícola que hoy se encuentra en retroceso. La disminución del 60% de la superficie cultivada no es solo una cifra económica, sino una señal de alerta sobre cómo se gestionan los suelos rurales en Chile.
Desde Valnor proponemos avanzar hacia una planificación territorial con enfoque agroambiental, que incorpore:
Solo con una mirada jurídica integrada será posible evitar que el símbolo agrícola de La Serena —y tantos otros cultivos regionales— desaparezcan frente al avance urbano.
La historia de la papaya es la historia de un territorio en disputa.
Entre el derecho a producir y el derecho a habitar, la ley tiene hoy la tarea de equilibrar ambos mundos.
En Valnor, creemos que proteger la identidad agrícola de la Región de Coquimbo es también una forma de proteger su futuro.
